En las últimas décadas, la necesidad de un desarrollo sostenible ha llevado a los países latinoamericanos a adoptar medidas legislativas y a participar en acuerdos internacionales que fomentan la implementación de energías renovables. Estas acciones no solo responden a una urgencia ambiental global, sino que también representan una oportunidad para el crecimiento económico y la innovación tecnológica en la región.
Legislación ambiental nacional
En Latinoamérica, numerosos países han establecido marcos legislativos sólidos para promover las energías renovables. Por ejemplo, en México, la Ley de Transición Energética de 2015 establece objetivos claros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la participación de las energías limpias en la matriz energética del país. Esta ley incluye incentivos fiscales y financieros para las empresas que invierten en proyectos de energía renovable, facilitando así su adopción.
En Brasil, la Ley de Energía Renovable (Lei 10.438/2002) ha sido crucial para el desarrollo de la energía eólica y solar. Esta legislación proporciona subsidios y créditos a bajo interés para proyectos de energía renovable, además de garantizar tarifas preferenciales para la energía generada por estas fuentes. Gracias a estas políticas, Brasil ha emergido como un líder en energía eólica en la región.
Chile, por su parte, ha implementado la “Ley de Energías Renovables No Convencionales” (ERNC) (Ley 20.698), que establece que una proporción mínima de la energía suministrada por las empresas distribuidoras debe provenir de fuentes renovables. Este marco legal ha impulsado significativamente la inversión en energía solar y eólica en el país.
Acuerdos internacionales
Además de las leyes nacionales, la participación en acuerdos internacionales ha sido fundamental para fortalecer el compromiso de los países latinoamericanos con las energías renovables.
El Acuerdo de París, firmado por prácticamente todas las naciones del continente, establece metas ambiciosas para la reducción de emisiones de carbono. Los países latinoamericanos se han comprometido a presentar y cumplir con Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que incluyen planes específicos para aumentar la producción de energía limpia.
Asimismo, la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) es otro ejemplo de cooperación internacional que promueve las energías renovables. Iniciada en 2009, esta alianza facilita la colaboración entre los países del continente para compartir tecnologías, conocimientos y mejores prácticas en el sector energético.
Impacto en las empresas
La combinación de legislación nacional y acuerdos internacionales ha creado un entorno propicio para que las empresas en Latinoamérica adopten energías renovables. Los marcos legales ofrecen incentivos directos, como exenciones fiscales y acceso a financiamiento preferencial, mientras que los acuerdos internacionales proporcionan un respaldo estratégico y un marco de cooperación que reduce los riesgos asociados a la inversión en nuevas tecnologías.
Las empresas que adoptan energías renovables no solo se benefician económicamente, sino que también mejoran su imagen corporativa y cumplen con estándares internacionales de sostenibilidad. Por ejemplo, grandes corporaciones en México y Brasil han comenzado a invertir en parques eólicos y solares, tanto por por los incentivos financieros, como por la creciente demanda de los consumidores por productos y servicios sostenibles.
En conclusión, la legislación ambiental y los acuerdos internacionales en Latinoamérica han sido cruciales para facilitar la implementación de energías renovables en las empresas. Estos instrumentos legales y de cooperación no solo contribuyen a la lucha contra el cambio climático, sino que también promueven la innovación y el desarrollo económico sostenible en la región. La adopción de energías limpias es una tendencia irreversible que continuará creciendo a medida que las políticas y los compromisos internacionales se fortalezcan aún más.
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